En las últimas semanas hemos visto con horror cómo hombres agresores han golpeado, violado y matado a niñas y mujeres embarazadas. Una de las reacciones comunes es sumarnos a la demanda de justicia y animar a las mujeres a denunciar, pero ¿qué pasa con las personas cercanas a las víctimas que sabían que algo estaba pasando?
El domingo 27 de septiembre una mujer de la comarca El Bálsamo de Matiguás llamó al 118 de la Policía Nacional, informando de la vela de una niña de cuatro años sin saber la causa de muerte. Esta llamada fue clave para que las autoridades investigaran el caso, y gracias a la presión pública de la comunidad y de las defensoras organizadas, la Policía no pudo seguir callando más y presentó a los autores del crimen públicamente.
En ese mes también conocimos del femicidio de Exliza Flores Rivera, la muchacha embarazada de siete meses de Ayapal, Jinotega. Si el vecino que escuchó cuando ella increpaba al femicida hubiera intervenido preguntando en voz alta qué pasaba o hubiera tocado la puerta, quizá el desenlace habría sido otro.
Aunque es deber del Estado prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias machistas de forma integral, está claro que hay demasiados vacíos en las respuestas institucionales. Por eso es fundamental fortalecer la responsabilidad social frente a las violencias machistas y asumir que todas y todos podemos ─y debemos─ hacer algo para combatir la pandemia machista.
Obligación de denunciar
“Como sociedad tenemos que reaccionar para poder accionar, porque en muchos casos las víctimas no hablan porque están en un círculo de violencia del que no han podido salir. Tenemos la obligación de alzar nuestras voces y denunciar cuando sospechamos de abuso o violencia. No esperemos a que la familia haga pública una denuncia porque en muchos casos ha naturalizado los abusos o es cómplice de los delitos”, nos explica una abogada de la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila.
Ella nos advierte que a veces las personas esperan a que el delito se cometa para hablar y que hay que hacerlo lo más pronto para evitar mayores daños, porque es una obligación ciudadana poner el tanto a las autoridades.
De hecho, el Código Procesal Penal establece en el artículo 222 que “toda persona que tenga noticia de un delito de acción pública podrá denunciarlo verbalmente o por escrito ante el Ministerio Público o la Policía Nacional. El denunciante tendrá derecho a que se le extienda copia de la denuncia”. Y menciona que recibida la denuncia, la Policía Nacional deberá prestar auxilio a la víctima, investigar de forma urgente o capturar si agarran al delincuente cometiendo delito.
La abogada nos explica que la Policía o el Ministerio Público tienen obligación de recibir la denuncia y actuar de oficio cuando se trata de personas menores de edad, es decir, que aunque la familia no ponga la denuncia, la institución debe proceder, como fue en el caso de la niña de Matiguás.
En la Ley 779, en el artículo 17 también se establece como un delito la Omisión de denunciar: “Las personas que de acuerdo a la legislación procesal penal tengan obligación de denunciar los delitos de acción pública, una vez que tengan conocimiento que una mujer, niño, niña o adolescente ha sido víctima de violencia, deberán denunciar el hecho ante la Policía Nacional o al Ministerio Público dentro del término de cuarenta y ocho horas. El que incurra en esta omisión se sancionará con pena de doscientos a quinientos días multa”. Esto aplica para personal educativo y de salud que sospeche o tenga la certeza de casos de violencia, por ejemplo.
Una llamada puede salvar vidas
Cuando tenemos temor de intervenir directamente podemos llamar al 118 de la Policía Nacional y al 133 del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. Ambas líneas son gratuitas y en teoría atienden las 24 horas todos los días de la semana. Es su obligación trabajar de forma combinada para atender denuncias de maltrato a mujeres, niñas, niños, adolescentes o de personas adultas mayores abandonadas o perdidas.
“No esperemos a ver que haya una muerte para reaccionar, a veces desde nuestras casas escuchamos que están maltratando a un menor de edad al lado y no hacemos nada. Frente a la impunidad podemos hacer presión pública usando las redes sociales para denunciar. La población está reaccionando frente a los femicidios porque hay que alzar la voz por quienes no pueden hacerlo. Tenemos una corresponsabilidad junto con el Estado para denunciar y apoyar a las víctimas, de tanto jincar la Policía tiene que reaccionar”, nos recomienda la abogada.
La abogada también denuncia que en las comunidades rurales se está hostigando a las defensoras para que no hagan acciones públicas de denuncia. “Están sembrando miedo y esto no puede continuar porque si no alzamos nuestras voces tendremos más sufrimiento y muerte. Somos ese apoyo necesario que las víctimas necesitan para saber que no están solas”, finaliza.
Es importante tener claro que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado. Olvidemos ese nefasto dicho de que los trapos sucios se lavan en casa o que en pleito de marido y mujer, nadie se debe meter. En muchos casos la misma familia, vecinas y vecinos han sido testigos de la violencia, y por haberla naturalizado o por evitarse problemas, no han hecho nada. Si somos testigos debemos tener en cuenta que la indiferencia puede ser otra forma de violencia, porque nos convertimos en cómplices pasivos de los agresores. ¡Rompamos el silencio y exijamos que la justicia actúe!
