El año apenas comienza y ya van dos mujeres asesinadas y varias niñas y adolescentes desaparecidas, principalmente originarias del Norte de nuestro país. Desde finales del año pasado y comienzos del 2021 hemos visto cómo las redes sociales se han llenado de fotos de chavalas y jóvenes con llamados de sus familiares para localizarlas.
Con dolor recibimos la noticia del primer femicidio del año cuando fue asesinada Damaris Lissette Silva, y luego, el descubrimiento del cadáver de Katring Ninell López Martínez, de Jalapa, a quien mataron el día en que cumplía 21 años.
Como defensoras de derechos humanos estamos indignadas porque la respuesta tardía de las instituciones encargadas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para una víctima. Y también porque no tiene sentido defender cadena perpetua y al mismo tiempo liberar agresores sin cumplir sus condenas, como el caso de Bryan Flores, femicida confeso de Katring, quien fue indultado antes de cumplir su pena por la violación de una adolescente (solo le habían dado dos años y medio que cumpliría en febrero próximo).
Indultar a femicidas y violadores nos expone a ser nuevamente víctimas de sus delitos y es un mensaje peligroso a nivel simbólico, porque puede interpretarse que sin importar lo que un agresor haga, saldrá libre antes de cumplir su condena.
Ser mujer nos pone en la mira
Además, desde que se reformó la Ley 779 hemos protestado porque se siguen invisibilizando los femicidos al tipificarlos como homicidios o asesinatos, ya que ahora el concepto solo aplica cuando la víctima tenía una relación con el agresor. Los delitos de homicidio (matar a alguien sin planearlo) y asesinato (matar a alguien con premeditación y alevosía) no reconocen ni evidencian que hay otras causas estructurales ligadas a la violencia de género.
Nuestro punto es que el hecho de ser mujer en sociedades machistas como la nuestra es un factor determinante para ser víctima de estos delitos. Y cuando esto no se reconoce legalmente se invisibilizan las causas de fondo, no se castiga igual, ni se toman las medidas de prevención y erradicación adecuadas. Por eso hay una gran diferencia entre las cifras oficiales y las que llevamos las feministas organizadas, ya que nosotras contamos como femicidios todas las muertes de mujeres a manos de hombres, sean o no cercanos.
En esta situación, otro factor a analizar es que no es casual que haya más niñas de zonas rurales fronterizas desapareciendo. Sabemos que las redes de trata de personas u otro tipo de delitos se están aprovechando de la impunidad, del factor cultural que siempre culpa a las mujeres (“seguro se fue con un hombre”) y de la falta de presencia institucional en zonas alejadas de las grandes urbes, entre otros aspectos.
Como feministas nos unimos para acompañar a las familias y exigir a las autoridades que cumplan con su deber. La denuncia pública y la presión social han sido claves para que las autoridades se movilicen, aunque no ha funcionado con todos los casos, como el de la niña Jessica Brisayda de El Cua.
A pesar de este triste comienzo de año, es importante reconocer que algunas niñas han sido rescatadas, que hay femicidas tras las rejas, que se han creado muchas redes de apoyo masivas y hay una alerta social para no seguir impasibles ante tanta violencia contra las mujeres.
Por eso es importante seguirnos acuerpando y repitiendo que no estamos solas, que habemos personas y organizaciones que estamos para acompañar a víctimas y sobrevivientes, que la Ley 779 tiene que aplicarse y que la justicia tiene que llegar. Por eso debemos seguir exigiendo al Estado a que reciba denuncias, investigue bien, encarcele agresores y deje de liberarlos. Aunque no creamos que sirva de mucho, hay que denunciar legal y públicamente los delitos, no podemos quedarnos calladas ante semejantes barbaries en nuestra contra. Nos queremos vivas y si tocan a una, ¡respondemos todas!
