El día diez de julio de este año una joven usuaria del Centro de Salud de San Rafael de norte se presenta a la consulta médica para realizarse una prueba de embarazo, sin imaginarse que el médico aprovechándose de su condición, utilizó su poder para agredirla sexualmente, dañando su integridad física y emocional. Producto de la violación esta joven de 20 años, tiene un aborto incompleto, y cuando pone la denuncia en la policía, comienzan a amenazarla junto a su familia.
Según los principios generales de la ley 779, el Estado tiene la obligación de actuar con diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres con el fin de garantizar la vida, seguridad y protección de las víctimas de violencia. Sin embargo, el gobierno local de San Rafael del Norte, y el alcalde del municipio Roberto Chacón apoyan al agresor declarando asueto los días del juicio para acompañar al victimario, lo mis
Población apoyando a Médico violador.
o hacen el MINSA Y Ministerio de Educación, interrumpen sus labores para asistir a las audiencias iniciales y juicios, además movilizan a la población de San Rafael alegando la inocencia de este médico.
Las instituciones del Estado, operadores de justicia y las autoridades deben garantizar a las mujeres, el acceso efectivo a los servicios y recursos eliminando todo tipo de barrera y obstáculos de cualquier índole que impidan este acceso. No obstante la policía de Jinotega ejerció poca autoridad frente a los grupos que intentaron agredir a las redes de mujeres y le impidieron llegar frente a las instalaciones de los juzgados en Jinotega. Fuimos nosotras quienes tuvimos que buscarlos para que cumplieran con su deber y finalmente logramos manifestarnos.
Desde las organizaciones integrantes del MCAS y de la Red del Norte, Movimiento de Mujeres Jóvenes Lidia Espinoza, organizaciones locales nos hicimos presentes a apoyar a esta joven, encontrándonos con una gran cantidad de personas que con mucho ardor defendían al acusado sosteniendo mantas en las que como gremio le apoyaban y nos decían que nos fuéramos de allí. Resistimos, haciendo uso de nuestro derecho a manifestarnos. Queríamos que tanto la joven agredida, como sus familiares y el resto de Jinotega vieran que no está sola, que hay muchas mujeres, niñas, niños que esperan que se haga justicia.
El médico Marcos Antonio Roa Miranda fue declarado culpable por violación agravada el 23 de octubre. Desconocemos la condena, puesto que el día que estaba programada su lectura, se enfermó (como sucede con frecuencia cuando se aplica la ley sobre los agresores) y desde el MINSA de Jinotega declararon que no se podría presentar a escuchar su condena por el estado de salud del sujeto.
Esta vez la justicia ha llegado, ha costado mucho, pero al final, un agresor más estará en el lugar que escogió por hacer uso de su violencia. Es importante que la población de San Rafael del norte haga una condena social a cualquier acto de violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes de la comunidad, y que no vuelvan a apoyar a violadores y maltratadores.