El lunes 22 de abril 2013 frente a la embajada de El Salvador, exigiendo que se le de una respuesta agil a recurso que ha introducido Beatriz para que se le permita interrumpor sus embarazo.
Beatriz es una mujer joven de 22 años que vive en un cantón de Tierra Blanca en
Jiquilisco que está embarazada con alto riesgo de muerte materna. Sufre de Lupus
Eritematosos Discoidea agravado con, nefritis lúpica. Hace un año tuvo un embarazo de
alto riesgo por padecer anemia, un cuadro Lupico exacerbado, neumonía y derrame
pleural, e hipertensión por lo que se catalogó como Pre eclampsia severa, que se le
sumaba al resto enfermedades que padecía. Finalmente le realizaron una cesárea y nació
un niño que no fue dado de alta hasta después de 38 días, con un diagnóstico de recién
nacido pre término con síndrome de distress respiratorio y Enterocolitis necrotizante. A
Beatriz le propusieron esterilizarse por el alto riesgo de otro embarazo, pero decidió no
hacerlo pues temía que su niño recién nacido muriera y ya no pudiera tener otro.
Actualmente está nuevamente embarazada, pero el feto según las tres ultrasonografías
que le han realizado, es anancefalico, es decir no tiene cerebro, una anomalía mayor que
es incompatible con la vida extrauterina, o sea en caso de que ese feto llegara a término
no podría sobrevivir fuera del útero de la madre. Ante este cuadro clínico, el Hospital de
Maternidad ha determinado que “es de vital importancia realizarle un procedimiento
médico ya que de no hacerlo hay una fuerte probabilidad de muerte materna”, sin
embargo, a causa de la actual legislación existente en El Salvador que penaliza el aborto
en todas sus formas, el personal médico del Hospital de Maternidad no se atreve a
realizar el procedimiento de interrupción de este embarazo inviable para salvar la vida de
Beatriz, por miedo a ser acusado de practicar un aborto. Incluso le han manifestado que
ella sería la primera en ir a la cárcel en caso le interrumpieran el embarazo.
Este caso nos muestra con total dramatismo las consecuencias de la aprobación del
Articulo 133 del Código Procesal penal que condena de forma indiscriminada la
realización de cualquier tipo de aborto, aunque sea un procedimiento necesario para
salvar la vida de una mujer embarazada. En este caso ésta prohibición es aún más
ilógica, pues el feto es inviable, por lo que no existe ningún dilema moral para elegir a
quien salvar, si a la mujer o a la criatura por nacer.
Beatriz quiere vivir. Es una mujer joven con un proyecto de vida por delante y madre de
un niño de un año al que quiere criar y proteger. Tiene derecho a que el Estado le
garantice su derecho a la vida y a la salud. Por ello está presentando en el día de hoy un
proceso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
solicitando que envíen una provisión inmediata a las autoridades de Salud para que la
intervengan inmediatamente y poder salvar su vida en grave peligro, de tal forma que el
personal médico pueda intervenir con la garantía de no ser procesado por el delito de
aborto.
Así mismo en el día de mañana, presentará una solicitud de medidas cautelares a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga, conociendo las
limitaciones del amparo salvadoreño, y que en el caso de que la paciente muera o sufra
un daño irreparable, sean las autoridades responsables de actuar las que deberán
responder de las consecuencias.
· PEDIMOS QUE EL SISTEMA DE SALUD APLIQUE TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS NECESARIOS DE QUE DISPONE PAR SALVAR LA VIDA DE
BEATRIZ.
· PEDIMOS QUE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LAS GARANTIAS NECESARIAS AL PERSONAL DE SALUD
PARA QUE PUEDA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS MEDICAMENTE
NECESARIOS PARA SALVAR LA VIDA DE BEATRIZ.
· SOLICITAMOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y A LA ASAMBEA
LEGISLATIVA QUE CUMPLAN LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE
DERECHOS HUMANOS DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS DE “REVISAR SU LEGISLACIÓN SOBRE ABORTO PARA
HACERLA COMPATIBLE CON LAS DISPOSICIONES DEL PACTO. EL ESTADO
DEBE TOMAR MEDIDAS PARA IMPEDIR QUE LAS MUJERES QUE ACUDEN A
HOSPITALES PÚBLICOS SEAN DENUNCIADAS POR EL PERSONAL MÉDICO
O ADMINISTRATIVO POR EL DELITO DE ABORTO. ASIMISMO, EN TANTO NO
SE REVISE LA LEGISLACIÓN EN VIGOR, EL ESTADO PARTE DEBE
SUSPENDER LA INCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LAS MUJERES POR EL
DELITO DE ABORTO. EL ESTADO DEBE INICIAR UN DIÁLOGO NACIONAL
SOBRE LOS DERECHOS A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS
MUJERES”.
San Salvador, 11 de abril de 2013
AGRUPACION CIUDADANA POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO
TERAPEUTICO, ETICO Y EUGENESICO